El Sea Watch desobedece al gobierno italiano y entra en sus aguas territoriales
El mayor peligro que enfrentan el buque y la ONG son la multa de 50.000 euros, el secuestro de la embarcación y la prisión para su capitana.

Roma, 26 (AFP y Reuters) - El barco “Sea Watch 3”, tras 14 días en aguas internacionales con 42 migrantes a la deriva frente a las costas de la isla siciliana de Lampedusa, desatendió las órdenes de las fuerzas armadas italianas y decidió entrar en su mar territorial. El “Sea Watch” comunicó oficialmente que entraba en aguas territoriales italianas “por motivos de emergencia”, e invocó leyes internacionales marítimas, que establecen que un gobierno no puede impedir que una nave vaya a puerto por tal motivo.
De todos modos, hay graves problemas legales, tanto para la ONG alemana y su barco -con bandera holandesa-, como para el ministro del Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini. Para ambas partes el problema es una verdadera pulseada política: Salvini se juega su política xenófoba de “puertos cerrados” y Sea Watch la continuidad de su campaña de sensibilización a favor de migrantes y refugiados. Lo que menos importa es precisamente el Derecho Internacional.
El mayor peligro al que se enfrentan el buque y la ONG no es sólo el tener que pagar una multa de hasta 50.000 euros; sino también el secuestro de la embarcación y la prisión para su capitana. El secuestro comprometería las futuras operaciones de rescate frente a las costas de Libia.
Salvini, como de costumbre, reaccionó con vehemencia contra este hecho que vuelve a cuestionar la dureza de su política migratoria: “No habrá autorización para que desembarquen. Pondré en marcha toda la fuerza pública, porque el derecho a la defensa de nuestras fronteras es sagrada”, dijo el ministro del Interior en Facebook. “La inmigración no puede estar gestionada por barcos fuera de la ley, por eso estamos preparados a bloquear cualquier tipo de ilegalidad. Quien se equivoca, paga”, dijo Salvini. Y añadió: “Usaremos todos los medios democráticamente permitidos. Italia no puede ser cómplice de los traficantes de seres humanos”.
El problema empieza a tener dimensión continental: “¿Por qué un barco holandés, de una ONG alemana, tiene que entrar en un puerto italiano?”, cuestiona Matteo Salvini, obviando las leyes internacionales en materia de obligatoriedad de salvamento marítimo y el deber de cualquier embarcación con personas a la deriva de atracar en un puerto seguro. Y añade: “Los Gobiernos de Alemania y Holanda responderán acerca de ello. Si quieren, que hagan llegar un avión y que distribuyan a los migrantes entre Ámsterdam, Berlín y Bruselas”.
El líder de la ultraderechista Liga aprovechó para arremeter contra la Unión Europea al recordar que Italia “no paga” para recibir tantos reproches de Bruselas. “Ninguna institución europea quiere asumir la responsabilidad y mantener la dignidad en la frontera de Europa y del Mediterráneo”, explica Johannes Bayer, presidente de “Sea Watch”, quien asegura que “por esta razón hemos decidido tomarnos esta responsabilidad por nuestra cuenta. Entramos en aguas italianas ya que no quedó otra opción para asegurar las condiciones de seguridad de nuestros huéspedes, migrantes y refugiados, cuyos derechos fundamentales han sido violados durante un tiempo demasiado largo. El cumplimiento de los derechos humanos no puede estar sujeto a un pasaporte o a las negociaciones en la Unión Europea”.
Si en algún momento los migrantes y refugiados consiguieran desembarcar en la isla de Lampedusa, será la Unión Europea la que deberá gestionar su distribución. Así lo asegura la Comisión Europea, institución que ya está en contacto con diferentes Estados miembro: “La Comisión recibió ayer una petición de apoyar de manera proactiva a los Estados Miembro que busquen soluciones para las personas que desembarcaran del “Sea Watch 3””.
La ONG alemana “Sea Watch” se dirigió este lunes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo (Francia) para que encontrar una solución inmediata para el desembarque de migrantes y refugiados que llevan más de dos semanas navegando justo en el límite del mar territorial italiano. Según la propia ONG, estaba produciéndose una “violación de los derechos humanos” y por ello pedía unas “medidas provisionales” al Gobierno itálico para desbloquear la situación. Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo no obligó a Roma a tomar medidas en el asunto porque, habiendo ya ayudado a trasladar algunas personas a tierra firme, no había motivos “excepcionalmente urgentes”.










